Las autoridades de Irán anunciaron un endurecimiento de la represión frente a la ola de protestas que se extiende desde finales de 2025, al confirmar que los manifestantes detenidos serán sometidos a juicios acelerados, con la posibilidad de aplicar la pena de muerte en los casos que el régimen considere más graves. La medida ha encendido alertas dentro y fuera del país.
Las movilizaciones comenzaron como reclamos sociales y económicos, pero rápidamente derivaron en un cuestionamiento político directo a la estructura de poder de la República Islámica. Ante este escenario, el aparato judicial recibió instrucciones para actuar con rapidez y severidad, utilizando el castigo inmediato como mecanismo para disuadir nuevas protestas.
Organizaciones de derechos humanos estiman que la represión ha dejado más de 2 mil 500 personas muertas y decenas de miles de detenidos en distintas regiones del país. Las fuerzas de seguridad han recurrido al uso de munición real, arrestos masivos y apagones prolongados de internet para frenar la organización y la difusión de información.
Uno de los principales focos de preocupación es la aplicación de figuras penales que pueden derivar en la pena capital, como delitos contra la seguridad del Estado o cargos basados en interpretaciones religiosas de la ley iraní. De acuerdo con denuncias internacionales, los procesos se desarrollan en plazos extremadamente breves, sin acceso efectivo a defensa legal ni garantías judiciales básicas.
Casos recientes de manifestantes condenados tras procesos sumarios han generado temor ante la posibilidad de ejecuciones inmediatas o públicas como método de intimidación. Mientras el régimen sostiene que estas medidas buscan restaurar el orden, la comunidad internacional observa con creciente inquietud una nueva fase de represión sistemática en Irán.
