Detecta más de 2 mil 700 millones de pesos pendientes por aclarar en el sector de Ciencia y Tecnología
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló en su informe de la Cuenta Pública 2024 que existen 2 mil 758 millones 546 mil 41 pesos pendientes por aclarar en cinco entidades del sector Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Las revisiones derivaron en 20 resultados, de los cuales 15 no presentaron irregularidades, mientras que los restantes generaron 5 recomendaciones, 3 promociones de responsabilidad administrativa y 2 pliegos de observaciones.
El principal monto observado corresponde al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), específicamente en la Gestión Financiera del Programa Investigadoras e Investigadores por México. Según la ASF, se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 1 millón 974 mil 155 pesos, debido a que no se acreditaron las actividades realizadas por dos investigadores comisionados a instituciones receptoras, ni se presentaron los documentos que justificaran su labor.
El órgano fiscalizador determinó que el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación deberá realizar las investigaciones necesarias e iniciar los procedimientos administrativos correspondientes contra los servidores públicos que omitieron formalizar convenios de colaboración con 95 instituciones receptoras, donde se encontraban comisionados 499 investigadores sin documentación que estableciera los términos de cooperación.
Otra observación relevante señala un posible daño adicional de 784 mil 391 pesos, resultado del pago improcedente a una trabajadora del programa que continuó recibiendo salario nueve meses después de su renuncia, incumpliendo el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Con estos hallazgos, la ASF advierte la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a la ciencia y la investigación, con el fin de garantizar que los fondos cumplan su propósito y no se vean comprometidos por irregularidades administrativas.
