Corrupción, tortuguismo y retraso social son los resultados de casi 10 años del trabajo del delegado del INAH en Yucatán

-El director Eduardo López Calzada sólo agiliza trámites y permisos mediante cenas en lugares exclusivos

-En 2016 fue acusado por administrativos del INAH de desvío de recursos realizados de 2011 a 2012 por 3.5 millones de pesos

-Ambulantes de Chichén Itzá lo acusan de doble discurso: por un lado pide su desalojo y por el otro les permite entrar por los accesos que toca custodiar al INAH   

Mérida, Yucatán, 1 de octubre de 2019.- Retrasos en la autorización de permisos, poca atención a las necesidades de los trabajadores, actos de corrupción, favoritismo y un doble discurso han sido las características que definen el trabajo de Eduardo López Calzada, delegado en Yucatán del Instituto Nacional de Antropología e Historia (Centro INAH Yucatán), cargo que asumió en 2010. Casi una década en que no ha habido un gran avance en materia de protección del patrimonio ni de impulso a la investigación.

Asimismo, en Yucatán el Centro INAH es sinónimo de retraso y  lentitud, tal y como lo han podido comprobar inversionistas, quienes tienen que padecer  el tortuguismo con el que el director maneja las autorizaciones y permisos, los cuales suele resolver o “aligerar” luego de una cena en un lugar exclusivo que no deja de incluir un regalito “costoso”.

Si no se dan esas condiciones, una obra puede retrasarse por varias semanas, con el aumento en costos que implica. Un caso muy comentado fue el del muro del céntrico templo de Santa Lucía, donde una tromba hizo caer un gran árbol sobre una parte del muro y la reja de entrada.

Para poder realizar la compostura se pidió la autorización del INAH, la cual tardó más de un mes en otorgarse. En su momento, el rector de la Iglesia, monseñor Manuel Vargas Góngora, dijo no saber las razones del INAH para retrasar tanto el inicio de las obras.

Esa situación, agregó el sacerdote, ocasionó muchos perjuicios, como la suspensión de bodas y misas de quince años y puso dificultades a los feligreses que para entrar al templo, tenían que dar la vuelta y hacerlo por el acceso a la sacristía.

Fueron tantos los atrasos que se dieron en la realización de obras e inversiones que, en su momento, integrantes del Consejo Coordinador Empresarial acudieron en grupo para dialogar y buscar alternativas en asuntos de interés general para el sector empresarial, y que ayuden a dinamizar la inversión en la entidad.

El, en ese entonces, presidente del CCE Yucatán, Juan José Abraham Daguer, junto con Jorge Escalante, Armando Valencia y Juan Carlos G. Cantón, expusieron al delegado López Calzada las inquietudes del sector empresarial, pues consideraban que hay muchos trámites por cubrir al momento de proyectarse inversiones en zonas o edificios catalogados con valor histórico.

El líder empresarial fue respaldado con la presencia de representantes de otros organismos empresariales pertenecientes al CCE como: Canadevi, Canaives, Canieti, Canapat, Cetur, Ameyuc, Cámara de Hoteles de Yucatán y el Plan Estratégico de Yucatán, lo que mostraba la magnitud del problema.

En esa reunión solicitaron  al delegado federal mantener los canales de comunicación con un dialogo constante, para que los proyectos a realizarse en edificios o zonas de valor histórico o arqueológicos, cumplan con los requisitos para su pronta ejecución. Todo resultó en promesas vacías.

En julio pasado, el alcalde de Peto, Édgar Calderón Sosa informó que la construcción de la maquiladora que hace unos meses fue anunciada no se había iniciado debido a que faltaban los permisos del INAH.

El primer edil indicó que personal del INAH revisó el terreno se confirmó que no hay asentamientos arqueológicos en el lugar, pero los permisos tardaron en llegar.

Por su parte, en 2016 trabajadores administrativos del INAH  realizaron una protesta a las puertas de la delegación para solicitar la destitución de López Calzada a quien acusaron de cometer irregularidades en el manejo de recursos y por lo cual pidieron una auditoría.

Encabezados por el líder nacional del gremio, José Enrique Vidal Dzul Tuyub, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de trabajadores de esta dependencia, un grupo de empleados colocó incluso mantas de protesta en las rejas de la delegación, y aseguró que su delegado tiene una investigación pendiente por el desvió de 3.5 millones de pesos.

Aseguraron que según investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación de 2011 a 2012 desaparecieron esos recursos, por lo que piden una auditoría integral. Además, denunciaron la falta de herramientas para trabajar. En la zona arqueológica de Chichén Itzá disponían de sólo dos podadoras para la limpieza de todo el lugar cuando, dicen, los funcionarios andan en camionetas de lujo.

Un asunto que amenaza con convertirse en un problema grave y que no ha lograd solucionar en 9 años en el cargo es el de los vendedores ambulantes ubicados al interior de Chichén Itzá, quienes incluso lo acusan de doble juego.

Según varios de los ambulantes, el director del Centro INAH por un lado denuncia el “problema”, pero por otro les permite la entrada por los accesos que le corresponde custodiar. Obviamente, mediante cierto pago que sirve de “salvoconducto”.

En la visita que en febrero pasado realizó el director general del INAH,  Diego Prieto Hernández, al sitio de Chichén Itzá, se anunció que estaba en marcha un plan para reubicar a los vendedores; sin embargo, los comerciantes le respondieron que no permitirían ser desalojados  e incluso exigieron la destitución de López Calzada pues ya estaban hartos de sus engaños, exigencias y corrupción.

“Quienes piensan en desalojar a los artesanos de Chichén Itzá que ni lo sueñen, pues no lo vamos a permitir”, dijo la presidenta de la Organización de Artesanos de Chichén Itzá, Mariana Mex Yam.

“Eso ni lo sueñe el delegado del INAH,  ya estamos hartos de tantos engaños y promesas; por lo tanto, no habrá desalojo de artesanos y comerciantes”, agregó para luego pedir su destitución.

Por último, la lideresa señaló: “Si intentan el desalojo de los comerciantes-artesanos de Chichén Itzá podría ocasionar un desorden, un caos y hechos de sangre en el oriente de Yucatán”.